Seminarios

La implantación del Estado de las Autonomías llevó consigo un proceso de descentralización de los servicios públicos asociados al estado del bienestar. Las administraciones centrales son responsables de las prestaciones monetarias vinculadas a la protección social (pensiones y desempleo) y las comunidades autónomas asumen la prestación de servicios básicos en especie (educación, sanidad, servicios sociales y atención a la dependencia). En ambos casos, las políticas sociales tienen como objetivos proteger a los ciudadanos ante determinados riesgos a los que se exponen (enfermedad, vejez, paro…) y ofrecer una cobertura de necesidades básicas. Pero, ¿garantiza este reparto de responsabilidades que todos los españoles tengan el mismo acceso a los servicios públicos fundamentales en cualquier territorio?, ¿se puede esperar que eso suceda en un estado descentralizado?

La autonomía de las comunidades permite a cada una de ellas diseñar las políticas sociales de su competencia adaptándolas a las preferencias de sus votantes y a las particularidades de su territorio. El contexto histórico-cultural de cada región, la ideología de las fuerzas políticas que gobiernan y las preferencias de sus ciudadanos justifican el despliegue de distintos modelos educativos, sanitarios o de protección social en España, en el marco de las directrices básicas que establece la normativa estatal.

También los recursos económicos con los que cuenta cada comunidad autónoma influyen en el diseño y alcance de las políticas de bienestar. Con un mismo nivel de esfuerzo fiscal, las diferencias de capacidad fiscal entre las regiones españolas y los criterios de reparto de recursos de los sistemas de financiación  pueden provocar que las comunidades cuenten con financiaciones muy dispares. No se puede descartar pues que los ciudadanos dispongan de prestaciones en servicios públicos básicos diferentes, dependiendo del territorio en el que residen. Además, los mecanismos de nivelación introducidos en los sistemas de financiación autonómica ofrecen resultados dudosos en materia de solidaridad interterritorial y de igualdad de oportunidades en el acceso a los servicios en las comunidades.

El objetivo de este seminario es analizar las políticas de bienestar en España desde una perspectiva territorial, reflexionando de la mano de expertos en esta materia para dar respuesta a cuestiones como las siguientes:

• ¿Son compatibles la autonomía de las comunidades y una garantía de igualdad en los servicios públicos fundamentales entre ciudadanos de distintos territorios? ¿Es deseable este objetivo? ¿Qué grado de nivelación territorial se quiere en España?
• ¿Es homogéneo el estado de bienestar en España o tan heterogéneo que puede hablarse de distintos estados del bienestar en cada comunidad autónoma?
• ¿Difieren las políticas de bienestar desarrolladas en las comunidades autónomas? ¿A qué es debida esta heterogeneidad: a condiciones financieras, a distintas preferencias, a la eficiencia alcanzada?
• ¿Se evalúan las políticas y sus diferentes enfoques y resultados? ¿Existen experiencias de buenas prácticas de evaluación de políticas que pueden servir de referencia al resto de comunidades? ¿Se atribuyen correctamente las responsabilidades sobre las políticas de bienestar a los distintos niveles de gobierno?

El debate de estas cuestiones entre ponentes, gestores de las políticas públicas, profesores universitarios, estudiantes de posgrado y miembros de la sociedad civil (empresarios, sindicatos y ciudadanos) puede contribuir a conocer la realidad y a diseñar mejor instrumentos que permitan alcanzar objetivos de eficiencia y equidad en un estado descentralizado como el español. Con esa finalidad, la jornada se estructura en dos sesiones, con seis ponencias en total, y espacio para el debate entre los asistentes.