Áreas de investigación

La Comunitat Valenciana ha padecido, como el conjunto de España y la mayoría de los países, una grave emergencia sanitaria que ha obligado a paralizar la movilidad de las personas y, por tanto, la actividad económica. Después de los dos primeros meses de restricciones, la región afronta ahora la necesidad de hacer balance de los daños causados en las personas, la sociedad y la economía, para curar heridas y afrontar la recuperación. En este sentido, la Generalitat Valenciana encargó al Ivie un documento que analizara los efectos del coronavirus y sentara las bases de la estrategia que será necesario seguir para superar la crisis.

La reconstrucción de la economía valenciana debe aspirar no solo a recuperar el nivel de bienestar previo al shock del COVID-19, sino a corregir debilidades que estaban presentes antes del inicio de la pandemia y que explican por qué la distancia que nos separa de la renta por habitante de la media nacional ha aumentado en las dos últimas décadas, hasta superar los doce puntos porcentuales.

El informe del Ivie plantea la hoja de ruta para tres horizontes temporales. En el corto plazo, el principal objetivo es aplanar la curva de contagios, sostener el empleo y el tejido productivo, proteger los ingresos de los más perjudicados y reforzar la capacidad de pago de las Administraciones públicas valencianas. A medio plazo, es necesario volver a generar ingresos y evitar el riesgo de un endeudamiento público insostenible. Para ello, hay que aumentar la competitividad de las empresas, incorporando el conocimiento, para ganar productividad. Además, habría que mejorar la seguridad del sistema de salud, la situación de las residencias de la tercera edad y adaptar la educación a las limitaciones impuestas por el riesgo de contagio.

Por último, en el largo plazo, el informe destaca actuaciones en el ámbito privado dirigidas a potenciar la inversión en I+D, fomentar el crecimiento y la profesionalización de las empresas y aprovechar las oportunidades de la nueva normalidad. Y en ámbito público, se proponen actuaciones destinadas a modernizar la administración, agilizar el marco regulatorio, reforzar la inversión pública y eliminar la discriminación financiera de la Comunitat Valenciana.