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Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

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Madrid basa su dinamismo en las ventajas de la capitalidad, la economía del conocimiento y la competencia fiscal

El Ivie analiza, en un nuevo documento IvieLAB, los efectos de aglomeración de la capitalidad de Madrid en el desarrollo económico de esta región, la importancia de las rebajas fiscales de la Comunidad Autónoma de Madrid y sus consecuencias sobre las otras autonomías

El informe Madrid: capitalidad, economía del conocimiento y competencia fiscal, incluido en el programa IvieLAB, describe las ventajas que obtiene Madrid en su desarrollo económico por su condición de capital del país y cómo éstas pueden actuar en detrimento de la igualdad entre regiones. El documento, dirigido por el director de investigación del Ivie, Francisco Pérez, y el catedrático e investigador del Instituto, Ernest Reig, analiza el poder de atracción de población y capital humano, el papel del sector público estatal en la capital y la aglomeración de empleo público en la misma, la concentración de centros de decisión y de grandes dotaciones de infraestructuras, y la competencia fiscal que realiza la Comunidad de Madrid. En su elaboración ha participado también Amadeo Fuenmayor y Rafael Granell, de la Universitat de València, así como la economista del Ivie Silvia Mollá y otros miembros del equipo técnico del instituto.

Madrid se caracteriza por una fuerte capacidad de atracción de capital humano que se explica por tres factores: su amplia oferta educativa, su especialización en actividades intensivas en conocimiento y las buenas comunicaciones nacionales e internacionales. El dinamismo y concentración de las empresas de mayor tamaño en Madrid constituyen un estímulo a la llegada de capital humano. El 44,5% de las 1.000 mayores empresas españolas tiene su sede en la Comunidad de Madrid y representan el 56% de los ingresos de este grupo. Además, en Madrid se ubican los ministerios, el poder legislativo y judicial, los organismos reguladores, y muchos de las mayores instituciones culturales y centros de investigación públicos. Buena parte de esos organismos y entidades podrían descentralizarse si se siguiera el criterio de Alemania o de la UE con sus sedes, pero en España están concentradas, renunciándose al papel dinamizador que podrían desempeñar como núcleos de actividades basadas en el conocimiento en otros lugares del país. Actualmente, el 29% de los empleados del sector público estatal se concentra en la capital, lo que supone un porcentaje de empleados públicos del Estado en Madrid que duplica el peso de la población de la región en España. En el caso de los empleados de los servicios centrales de los ministerios, la concentración en la ciudad se eleva hasta casi el 80%.

Concentración de contratos públicos

Aunque hoy en día el sector privado es un motor muy importante de la actividad económica en Madrid, el sector público contribuye a reforzarlo y atraerlo hacia la capital. En esa atracción influye la importante concentración de centros de decisión públicos mencionada y en especial de la inmensa mayoría de las unidades de contratación del Estado. En efecto, esa concentración del sector público estatal en la capital se refleja en el volumen de contrataciones a empresas de la región. Casi el 60% de las licitaciones de los órganos del Sector Público Estatal ubicados en Madrid que se adjudican a empresas españolas se dirigen a empresas con sede en la capital, un porcentaje que alcanza el 64,4% si se considera el importe de los contratos. La cifra supera el 70% entre los contratos adjudicados a grandes empresas. Que las empresas del resto de España solo consigan un tercio de las adjudicaciones revela un sesgo territorial muy importante, que cuestiona la unidad de mercado como consecuencia de decisiones de instituciones que deberían velar por ella especialmente.

Competencia fiscal

Otra vía por la que la capital refuerza su posición actual gracias al sector público es la política de competencia fiscal que ha desarrollado el gobierno de la Comunidad de Madrid en la última década, caracterizada por reducir los tipos efectivos de varias importantes figuras tributarias. Madrid destaca como la autonomía que más ha utilizado su capacidad normativa en ciertos tributos para introducir beneficios fiscales, especialmente en el IRPF, el Impuesto sobre Patrimonio y el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en especial en los dos últimos tributos. Si se cuantifican los gastos fiscales que representan estas rebajas, Madrid deja de ingresar más de 4.100 millones de euros anuales, unos 636 euros menos por madrileño.

Estas rebajas fiscales son más fáciles de asimilar por los presupuesto autonómicos gracias al dinamismo y los niveles de renta y riqueza de Madrid, pues estos factores generan un crecimiento de sus bases tributarias que minora el impacto de las rebajas fiscales sobre los ingresos totales de la Comunidad Autónoma. Pero estas rebajas se apoyan en las ventajas que la capitalidad tiene para ese dinamismo y tienen consecuencias internas y externas. Por una parte, internamente reducen los ingresos públicos por habitante de Madrid y su capacidad de gasto en servicios públicos fundamentales, lo que repercute más sobre los grupos de población con menores niveles de renta, que son los que menos se benefician de las bajadas de impuestos y utilizan más los servicios públicos educativos y sanitarios. Por otra, externamente, suponen una competencia fiscal para las bases imponibles de otras comunidades, al incidir sobre bases tributarias como las patrimoniales, que son más móviles, en especial las de los contribuyentes con mayores niveles de renta y patrimonio.

A la vista de los resultados del informe, los autores concluyen que “existen razones de fondo para reconsiderar la cesión a las comunidades de impuestos que gravan la riqueza, y sobre todo a hacerlo sin limitar la competencia por dichas bases fiscales. El efecto externo negativo sobre otras comunidades de la competencia fiscal de Madrid refuerza la tendencia a la divergencia de la renta regional por habitante que se viene observando y, por ello, se justificaría limitar dicha competencia, sobre todo porque se apoya en un aprovechamiento de ventajas derivadas de una interpretación del papel de la capitalidad que no es territorialmente neutral. Dado que Madrid goza de esas ventajas de ser la sede del Gobierno, debería renunciar a una estrategia fiscal en la que, apoyándose en las mismas, perjudica a otras comunidades”.

23 septiembre 2020