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Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

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La dana puede haber destruido al menos el 20% de los 85.900 millones de euros de activos privados y públicos localizados en los municipios inundados

El informe publicado por el Ivie destaca que la inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia de Valencia se redujo un 75% tras la Gran Recesión

La dana del pasado 29 de octubre causó una destrucción de activos privados y públicos (viviendas, edificaciones e instalaciones comerciales, industriales y agrícolas, maquinaria, equipamiento e infraestructuras de todo tipo) que se traduce en una pérdida de riqueza para la provincia mucho más cuantiosa que lo que reflejará la caída del PIB inicial. En total, en los 89 municipios afectados por las inundaciones (se excluye la ciudad de Valencia) se localiza el 35% de los activos de la provincia, cuyo valor equivale a 85.900 millones de euros. Por lo tanto, por cada punto porcentual de destrucción de activos en las zonas afectadas se habrían producido unas pérdidas de 859 millones. Según las estimaciones de Cámara Valencia y AVA-Asaja, solo los daños en los activos de las empresas ya superarían los 13.000 millones de euros. Si añadimos a esa cifra unos reducidos porcentajes de daños en el stock de viviendas -las situadas en bajos- y teniendo en cuenta la importante destrucción de infraestructuras (unos 2.900 millones de euros según estimaciones del Ministerio de Transportes y la Generalitat Valenciana), pueden haberse perdido en conjunto, al menos, el 20% de los activos totales. En ese escenario, la magnitud de las pérdidas superaría fácilmente los 17.000 millones de euros, una cifra muy superior a las estimadas en términos de reducción del PIB de 2024.

El Ivie estima estas cifras de la dimensión potencial de la catástrofe en forma de pérdida de la riqueza (activos) de la zona en el informe Alcance económico de la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, que acaba de publicar, realizado en el marco de su Laboratorio de Evaluación de Políticas Públicas (IvieLAB). El documento advierte que, aunque todavía no se conoce la cifra exacta de las pérdidas, el impacto de las inundaciones será mucho más elevado que el que se reflejará en la caída del PIB inicial, ya que el cálculo de esta magnitud no  tiene en cuenta la destrucción de activos que supone la depreciación súbita y extraordinaria de buena parte del stock de capital.

El Informe del Ivie destaca que, además de las pérdidas iniciales de activos, la dana tendrá consecuencias más allá de 2024, en forma de limitaciones para el desarrollo normal de las actividades en 2025 y necesidades de reconstrucción y recuperación. La dimensión de estos impactos, tanto negativos como positivos, dependerá del volumen y orientación de las ayudas a las zonas afectadas, y la resiliencia de la economía y la sociedad valencianas.

Las estimaciones que ofrece el informe se refieren a los 89 municipios afectados (excluyendo el municipio de Valencia, porque sus daños alcanzan solo a las pedanías del sur de la capital), un área cuya población se ha duplicado entre 1960 y 2024 hasta superar el millón de habitantes. El estudio ofrece también los datos para los 20 municipios de l’Horta Sud y pone el foco en las 15 localidades más dañadas, la llamada zona cero. En el caso de los municipios de l’Horta Sud el crecimiento demográfico ha sido todavía mayor, de un 200% en el mismo periodo, lo que eleva su densidad de población hasta los 1.592 habitantes por km2, seis veces más que la media de la provincia de Valencia.

La concentración demográfica va acompañada de una intensa ocupación de los territorios, por todo tipo de activos, residenciales y productivos, una parte importante de los cuáles han resultado afectados. El 65% de los activos de la zona son viviendas (con un valor estimado de 56.295 millones de euros), mientras que el 35% restante está integrado por infraestructuras públicas y otras construcciones privadas (23.605 millones de euros). En este sentido, el Ivie destaca que el aumento poblacional ha incidido en los cambios en la cobertura del suelo (que hasta los años 60 era preferentemente agrícola), aumentando los usos artificiales del mismo, como edificaciones (residenciales y no residenciales) e infraestructuras. Una de las consecuencias más destacables de la expansión de superficies artificiales es que disminuye radicalmente su permeabilidad al agua.

El informe destaca el contraste entre la intensa ocupación de la zona y su carácter inundable, por un lado, y el limitado esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas durante los últimos quince años en la provincia de Valencia, por otro. La mayor parte de las inversiones hidráulicas las realizan las Administraciones Públicas y las Confederaciones Hidrográficas, pero en ambos casos se produce un fuerte ajuste a la baja a partir de 2009, como resultado de los recortes en las inversiones públicas que tienen lugar en España para controlar el déficit público al estallar la crisis financiera. De unas cifras anuales de inversión en infraestructuras hidráulicas en la provincia situadas en el entorno de los 200 millones de euros, se pasa a menos de 50 millones al año a partir de 2011, lo que supone una caída del 75% que se prolonga hasta los años más recientes. La consecuencia de ese bajo esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas es que se aplazan los nuevos proyectos y ni siquiera se cubre la depreciación del capital acumulado previamente. Los efectos de esta insuficiente política de inversiones son más graves por las características del territorio, particularmente vulnerable a las inundaciones y entre los más amenazados por los crecientes riesgos derivados del cambio climático y los eventos climatológicos extremos.

Sectores más afectados

Además de la destrucción de activos (riqueza) sufridos el 29 de octubre, la dana tiene otras consecuencias económicas graves porque impide el normal funcionamiento de las actividades productivas. En su conjunto, los 89 municipios concentran el 40% de la población, el 35,6% de las empresas, el 30,7% del empleo y el 29,7% del PIB de la provincia de Valencia. La zona representa una de las mayores concentraciones de empleo industrial, comercial y logístico de la Comunitat Valenciana, por lo que la interrupción de la actividad o las alteraciones de los flujos de actividad, a lo largo de los meses en los que prolonguen sus efectos, supondrán fuertes impactos en el empleo y el PIB.

En el caso del empleo, según los últimos datos disponibles sobre los ERTES solicitados, los expedientes resueltos entre el 30 de octubre y el 8 de enero de 2025 afectan a 30.584 trabajadores en el conjunto de los municipios (29.046 si se excluye València), de los cuales 14.539 son de l’Horta Sud y 13.786 de la zona cero. El porcentaje de los trabajadores acogidos a ERTE se sitúa en el 7% en 89 municipios, en el 8,4% en l’Horta Sud y en el 7,6% en la zona cero. Sin embargo, detrás de estos porcentajes hay importantes diferencias por sectores. En la zona cero, siete sectores son los más afectados, ya que sus porcentajes de trabajadores acogidos a ERTE superan el 12% de su afiliación: manufacturas (18,7%), comercio y reparación (17,7%), hostelería (34,7%), actividades inmobiliarias (19,2%), educación (15,5%), actividades sanitarias y de servicios sociales (12,9%), y actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento (30,2%). En dos de ellos, el porcentaje se sitúa por encima del 30%, llegando a un máximo del 34,7% en la hostelería.

Peso del número de empleados afectados por ERTE concedidos según sector de actividad, 30 octubre 2024 – 8 enero 2025 (porcentaje sobre el número de afiliados a 31 de octubre)

Fuente: datos facilitados bajo petición por la Dirección General de Trabajo, Cooperativismo y Seguridad Laboral (GVA) y elaboración propia.

La importancia de la georreferenciación para mejorar el diagnóstico de los daños

En la valoración del impacto inicial de la dana sobre el PIB en 2024, la estimación de las pérdidas en los municipios afectados se enfrenta a la falta de información regular a nivel municipal. Algunas entidades han pronosticado un recorte que puede llegar a un máximo de una décima en el crecimiento del PIB anual de España, lo que equivale a unas pérdidas de algo menos de 1.600 millones de euros que, obviamente, se concentran en los municipios valencianos afectados. Pero otras cuantifican el impacto en dos décimas de menor crecimiento en el PIB anual de la autonomía (lo que no llegaría a 300 millones de euros). Estas abultadas diferencias muestran el grado de incertidumbre que todavía existe en los cálculos.

Para acercarse a una estimación más precisa del impacto, además de tener acceso a informaciones directas que permitan valorar con exactitud la caída de la actividad (de fuentes tributarias, de suministro de energía eléctrica y gas de las empresas, o de información de entidades financieras), será importante contar con datos georreferenciados que permitan valorar la incidencia de los daños en los distintos territorios afectados.

El informe hace una aproximación a la delimitación de la zona basándose en imágenes de satélite difundidas por el Servicio de Gestión de Emergencias de Copernicus. Según la cartografía utilizada, la población residente en la zona inundada ascendería a 306.163 personas, lo que equivale al 28,9% de la población total de los municipios afectados y al 11,8% de los habitantes de la provincia de Valencia. En los municipios de l’Horta Sud la población de las zonas inundadas es de 214.531 habitantes, elevándose el porcentaje de los residentes en las mismas hasta el 45,5% de la población total de dichos municipios, mientras que en la zona cero la población de las zonas inundadas llega a representar el 77,7% de los residentes en esos municipios (201.661 personas).

Para evaluar la afectación en términos de superficie, el análisis detallado de la información geográfica también es relevante, pues la intensidad de las inundaciones en los municipios es diversa. La zona inundada ocupa el 5,2% de la superficie total de la provincia de Valencia y representa el 11,6% de la superficie de los 90 municipios clasificados por la Generalitat Valenciana como afectados (considerando en el de Valencia solo las pedanías del Sur). Este porcentaje asciende hasta el 31,1% del territorio de l’Horta Sud y al 21% de los 15 municipios más gravemente afectados.

Población y superficie afectada por la inundación. 2021

Nota:  el municipio de València solo incluye las Pedanías del Sur (Faitanar, La Torre, Forn d’Alcedo, Castellar-Oliveral, Pinedo, El Saler, El Perellonet y El Palmar). El municipio de Loriguilla sólo incluye el núcleo urbano junto a la autovía A3. En el agregado de la zona afectada por la inundación se elimina 9 municipios de los 90 afectados por la dana:  Almussafes, Barxeta, Bétera, Calles, Casltielfabib, Dos Aguas, Millares, Picassent y Tous. En este grupo de 81 municipios existen 16 municipios en los que la dana ha afectado al territorio pero no a la población y son los siguientes: Alborache, Alcàsser, Benaguasil, Benifaio, Benimodo, Chera, Chulilla, Favara, Llíria, Llaurí, Macastre, Manuel, Paterna, Siete Aguas, Tavernes de la Valldigna y Vilamarxant.

Fuente: Goerlich y Mollá (2024), Goerlich y Pérez (2021), Zornoza [coord.], Serrano y Ruescas (2024), INE (Censo de Población 2021) y elaboración propia.

 

Recomendaciones para afrontar la reconstrucción

  • La estimación de las pérdidas de activos debe ser la referencia fundamental para cuantificar la necesidad de ayudas directas para la reconstrucción.
  • Es fundamental que las ayudas tengan la potencia, agilidad y duración para responder a la magnitud del desastre, y reponer los recursos y los ingresos perdidos.
  • Es necesario construir un sistema de indicadores que permita monitorizar la recuperación con el fin de impulsarla, advirtiendo del riesgo que supondría el estancamiento de las zonas más dañadas.
  • Hay que aprovechar el potencial que tienen las nuevas herramientas de análisis (como las de georreferenciación) para realizar un diagnóstico más completo, detallado y riguroso del impacto de la dana.
  • Es conveniente anunciar un plan de acción para prevenir y amortiguar los daños de futuros eventos climatológicos extremos, que infunda confianza en los inversores.
  • Es necesario revisar en el futuro el ranking de prioridades de distribución del gasto público, de forma que adquiera más relevancia la inversión frente al gasto corriente.
  • Es imprescindible aumentar el esfuerzo inversor en infraestructuras hidráulicas, y un adecuado diseño y localización de todo tipo de infraestructuras para minimizar la exposición a los riesgos que suponen los fenómenos extremos.
  • Hay que aprovechar la estrategia de recuperación para modernizar y mejorar el tejido productivo valenciano (sobre todo teniendo en cuenta el problema estructural y generalizado de baja productividad), lo que es más factible en aquellos casos en los que la destrucción de activos ha sido más intensa.
  • Las inversiones tangibles en prevención deben ser complementadas con otras en activos intangibles, que permitan contar con una potente organización de respuesta a las emergencias, dotaciones adecuadas de personal especializado y formado, entrenamiento de la ciudadanía para reaccionar adecuadamente frente a las catástrofes.

17 enero 2025