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España tiene que aspirar al envejecimiento activo y al modelo residencial para mayores autónomos que ya se ofrece en el norte de Europa

La presidenta del CSIC, Eloísa del Pino, y el catedrático y experto en economía de la salud, Juan Oliva, hablan de los pros y los contras de la Ley de Dependencia en la última sesión del ciclo de diálogos Ernest Lluch-Ivie 2023

España entendió hace poco que el Estado tenía que cumplir un papel fundamental en la atención de sus mayores, ya que hasta 2006 no se aprobó la Ley de Dependencia, mientras que en los países nórdicos las medidas de apoyo al envejecimiento activo se pusieron en marcha en los años 60 del siglo pasado. Con este punto de partida, comenzó ayer el diálogo entre la presidenta del CSIC, Eloísa del Pino; y el catedrático y miembro del Grupo de Investigación en Economía y Salud de la Universidad de Castilla-La Mancha, Juan Oliva: El cuidado de los mayores ante el creciente envejecimiento. Con esta última sesión concluye el ciclo Retos socioeconómicos de los cambios demográficos, organizado por la Fundació Ernest Lluch y el Ivie, que se ha celebrado en Valencia entre el 19 de octubre y el 21 de noviembre.

Para la presidenta del CSIC nuestro sistema de salud tiene que adaptarse para seguir siendo útil, ya que, en un principio, estaba diseñado para atender enfermedades agudas, pero el aumento de la esperanza de vida ha hecho que ahora las enfermedades sean crónicas. En su opinión es fundamental la coordinación sociosanitaria para que la atención a los mayores sea la adecuada, no solo cuando estén enfermos.

Los dos ponentes destacaron el avance que supuso la aprobación de la Ley de Dependencia en España, para acercarse a los sistemas de atención a los mayores de los países europeos más avanzados. “Actualmente, tenemos 1,9 millones de prestaciones, un 60% en especie, es decir, en servicios, y otro 40% de prestaciones económicas, algo que originalmente no estaba previsto pero que vino propiciado por la crisis. Objetivamente la ley ha ayudado bastante al cuidado de las personas mayores”, concretó el experto en economía de la salud. Sin embargo, ambos coincidieron en algunas de las limitaciones que todavía tiene la ley como, principalmente, la financiación. “El gasto en dependencia se acerca ya al 1% del PIB, pero todavía necesita el apoyo familiar”, aclaró Del Pino. En este sentido, Juan Oliva afirmó que esos cuidados familiares son fundamentales e insustituibles, “monetizar los 7.000 millones de horas de cuidado prestadas por la familia supondría multiplicar por 7 o por 8 el presupuesto que tenemos para dependencia”.

Para los protagonistas del diálogo, España debería aspirar al envejecimiento activo, es decir, a mantener a las personas mayores autónomas y el mayor tiempo posible en su propia casa, ayudadas por las nuevas tecnologías, como la teleasistencia. Actualmente, el 80% de los mayores de 65 años no necesita cuidados, solo un 20% tiene que recurrir a ellos. El objetivo es reducir cada vez más ese porcentaje de mayores dependientes.

Juan Oliva explicó también que el modelo residencial de los mayores que ahora se está desarrollando en Europa y al que debemos aspirar es el de residencias con espacios comunes y servicios de atención, pero también con estancias privadas para que se pueda mantener la autonomía. “La incorporación de ese modelo tiene que ser progresiva porque actualmente hay más de 400.000 plazas en residencias convencionales”. Lo mismo opina Eloísa del Pino, que confía en que se ampliará la esperanza de vida sana y el sistema de cuidados real solo se tendrá que producir al final de la vida, cuando ya no es posible ser autónomo.