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El Ivie incluye a País Vasco y Navarra, que actualmente disfrutan de una financiación por habitante ajustado un 61% y un 35% superior a la media, en su análisis del concierto solidario propuesto para Cataluña

El nuevo documento IvieLAB publicado actualiza y amplía el análisis de un informe anterior sobre la posibilidad de aplicar a todas las CC.AA. un sistema de concierto solidario generalizado como el planteado para Cataluña

La falta de equidad del actual sistema de financiación autonómica, caducado desde 2014, provoca desigualdades entre las CCAA de régimen general, con la Comunitat Valenciana, Murcia, Castilla-La Mancha y Andalucía a la cola de recursos para atender los servicios básicos de sus habitantes. Ahora bien, todas las CCAA de régimen común se encuentran infrafinanciadas si se comparan con las forales. País Vasco y Navarra cuentan, respectivamente, con una financiación por habitante ajustado un 61% y un 35% superior a la media de las comunes, gracias a los privilegios otorgados por los conciertos económicos especiales firmados desde los años 80.

El Ivie acaba de publicar un documento de trabajo IvieLAB que actualiza y amplía el análisis de un informe anterior sobre la posibilidad de aplicar a todas las comunidades autónomas un sistema de concierto solidario generalizado (SCSG), como el planteado para Cataluña en el Acuerdo de 2024 entre el Partit de Socialistes de Catalunya (PSC) y Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). El documento no propone la aplicación de un modelo de concierto como el descrito, sino que analiza las condiciones que una iniciativa de esa naturaleza debería cumplir para mejorar la equidad de la situación existente.

El nuevo estudio parte de la premisa de que un sistema que respete realmente la igualdad de recursos entre las comunidades para prestar servicios similares a todos los españoles, con independencia de su lugar de residencia, debe incluir a las comunidades forales. El trabajo describe los pasos que se deberían dar para poder alcanzar ese objetivo si las comunidades recaudaran todos los tributos, como se ha propuesto en la negociación con Cataluña.

El primer paso sería distribuir la recaudación entre el Estado −para financiar sus actuaciones en todos los territorios− y las administraciones autonómicas. Para ello habría que estimar el cupo que el conjunto de las comunidades tendría que aportar al Estado para garantizar la financiación de los servicios que este presta directamente a los ciudadanos. Los autores del informe proponen basar la aportación al Estado de cada territorio en un mismo esfuerzo fiscal de cada autonomía al pagar el cupo, es decir, teniendo en cuenta su renta per cápita. Dado que el Estado también cumple funciones redistributivas, es razonable que lo financien más los que más tienen. Lejos de ese criterio de igual esfuerzo fiscal, en las contribuciones a las cargas generales del Estado, la actual contribución de las forales a las cargas generales es notablemente inferior a la media pese a su elevado nivel de renta por habitante. País Vasco aporta el equivalente a un 5,6% de su PIB y Navarra un 7,1%, frente al 9,3% de la media de las regiones.

El segundo paso para construir un sistema más equitativo es nivelar la capacidad financiera de las comunidades una vez pagado el cupo al Estado. El análisis contempla que cada comunidad destine -como regula el sistema de financiación actual de régimen común- el 75% de sus recursos restantes a un fondo de solidaridad interregional similar al actual Fondo de Garantía. De ese modo se igualarían los recursos disponibles para prestar los servicios públicos fundamentales en todos los territorios. A diferencia de lo que sucede con el sistema vigente, País Vasco y Navarra deberían participar en el fondo de solidaridad como el resto de las autonomías.

El estudio, elaborado por José Antonio Pérez (Universitat Politècnica de València), junto al economista del Ivie Juan Pérez, insiste en que estos criterios de responsabilidad fiscal, equidad y solidaridad han de aplicarse al conjunto de las comunidades autónomas, incluyendo a las forales. La situación actual, con estas dos comunidades excluidas del sistema de financiación general, provoca un rango de diferencias entre la comunidad mejor y peor financiada (País Vasco vs Comunitat Valenciana) de casi 80 puntos porcentuales en recursos por habitante ajustado. Una realidad incompatible con los preceptos constitucionales que rechazan los privilegios económicos o sociales entre regiones.

Los autores recuerdan que el actual sistema dual de financiación, común y foral, asigna recursos abundantes a algunas regiones con elevada renta per cápita (País Vasco, Navarra y La Rioja) pero no a otras (Madrid y Cataluña), y mantiene con recursos escasos a regiones con niveles de renta inferiores a la media (Andalucía, Murcia, Castilla-La Mancha y Comunitat Valenciana), pero no a otras (Extremadura, Canarias y Cantabria).

Si se aplicara un modelo basado en un concierto solidario entre todas las comunidades autónomas como el descrito se respetaría el criterio de ordinalidad; es decir, las regiones que más contribuyeran por habitante seguirían siendo las que más recibirían, pero se reducirían significativamente las actuales diferencias entre comunidades. El cumplimiento de criterios de solidaridad como los explicados permitiría recortar sustancialmente las grandes desigualdades de financiación por habitante ajustado actuales: desde 80 hasta 15 puntos porcentuales. Mientras ahora las diferencias en financiación por habitante ajustado superan los 2.500 euros entre País Vasco y la Comunitat Valenciana, con este sistema todas las regiones dispondrían de una financiación similar, para atender los servicios públicos prestados a sus ciudadanos, en la franja entre 3.000 y 4.000 euros por habitante ajustado.

El cambio a un sistema más equitativo que redujera las desigualdades implica que algunas regiones aumentarían sus recursos mientras que otras los reducirían. En concreto, País Vasco vería recortados sus ingresos en 4.890 millones de euros y Navarra en 854 millones, mientras que Andalucía y Comunitat Valenciana los aumentarían en 2.353 y 2.209 millones de euros, respectivamente. Las comunidades ricas que actualmente se sitúan cercanas a la media (Cataluña y Madrid) mejorarían también significativamente sus recursos, pero menos que las actualmente infrafinanciadas.

Para compensar las pérdidas iniciales de las comunidades actualmente mejor financiadas, el informe del Ivie valora la posibilidad de arbitrar un fondo temporal que facilite la transición y garantice la estabilidad de las finanzas autonómicas de las comunidades afectadas. El importe estimado que el Estado debería aportar para crear dicho fondo sería de 8.538 millones de euros, lo que equivale al 0,6% del PIB. Sería un coste asumible si, de este modo, “se lograra resituar progresivamente la financiación autonómica en unas coordenadas coherentes con los principios de equidad y solidaridad”, destacan los autores.