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Mejorar la calidad institucional y acabar con la corrupción podría elevar un 16% el PIB per cápita de España en un plazo de quince años

Esto significaría añadir cada año en torno a un punto porcentual al crecimiento de la economía

La calidad de las instituciones de gobernanza española se sitúa entre el 20% de los países con un mayor nivel en el mundo, según los indicadores del Worldwide Governance Indicators (WGI), elaborados para el Banco Mundial y con información sobre 154 países. Sin embargo, los resultados que obtiene España se sitúan por debajo de lo que le correspondería de acuerdo con el desarrollo de su economía. España obtiene un valor de 6,8 sobre 10 en el indicador combinado de calidad institucional, frente al 8 de la media de Alemania, Francia y Reino Unido, que constituyen modelos de economía avanzada. Ahora bien, se sitúa así mismo por delante de otras economías mediterráneas como la italiana y la griega, cuya calidad institucional promedio apenas alcanza un valor de 5,8.

El informe Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, elaborado en el marco de colaboración de la Fundación BBVA y el Ivie, extrae ese indicador combinado de calidad como un promedio de cinco indicadores que proporciona el WGI. En concreto, se analiza la voz y rendición de cuentas (democracia y libertades públicas), la efectividad gubernamental, la calidad regulatoria, el respeto a ley y los contratos y, por último, el control de la corrupción. El nivel de calidad institucional que se obtiene según el indicador combinado de los WGI sitúa a España en torno al percentil 81 (es decir, entre el 20% de países con mejor calidad a nivel mundial). Ahora bien, la productividad española figura notablemente más arriba, en torno al percentil 85 (el país más productivo del mundo ocupa el percentil 100 y el menos productivo ocupa el percentil 1). La calidad institucional aparece, pues, como una debilidad relativa de la economía española.

El país presenta su mejor desempeño en las categorías de voz y rendición de cuentas, cumplimiento de la ley y los contratos, y efectividad del gobierno. Sin embargo, las mayores debilidades aparecen en los indicadores sobre calidad regulatoria, donde se sitúa 1,2 puntos por debajo de Alemania, Francia y Reino Unido, y, sobre todo, en control de la corrupción (2,3 puntos por debajo). Del análisis de los indicadores WGI se deriva también que la trayectoria española ha sido ligeramente decreciente en calidad institucional, ya que todos los indicadores se sitúan en 2017 a un nivel inferior al de 2003. El indicador global ha descendido desde un 7,8 a un 6,8.

Elevar la calidad institucional hasta el nivel que le correspondería dada la productividad del país permitiría incrementar el PIB per cápita en un 16% en un plazo de unos 15 años, según han explicado esta mañana el investigador del Ivie Francisco Alcalá y el profesor de la Universidad de Murcia Fernando Jiménez, codirectores del informe que hoy se ha presentado en el seminario celebrado en València Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España. Esto significaría  elevar el crecimiento medio anual de la economía española en torno a un punto porcentual a lo largo de un periodo de 15 años.

Según ha explicado Alcalá, el impacto positivo que tendría la mejora de la calidad institucional sobre el PIB se produciría indirectamente, a través de mecanismos que aumentarían la inversión y la productividad y, con ellos, la producción y el empleo. La mayor seguridad jurídica, la reducción de la corrupción, la eliminación de trabas administrativas, la mejor regulación, la mayor competencia, etc. incentivarían la inversión nacional y extranjera, harían más fáciles y rentables el emprendimiento y la innovación y mejorarían la asignación de recursos privados y públicos hacia las actividades más productivas.

Por su parte, Fernando Jiménez ha explicado hoy en la presentación del informe algunas de las recomendaciones que plantean para incrementar la calidad institucional en España y que ha clasificado en tres grandes líneas de actuación:

1. Refuerzo de los controles y contrapesos del poder:
   1. Garantizar la independencia y medios del poder judicial. Se propone fortalecer la independencia de órganos como CGPJ y Tribunal Constitucional, modernizar la ley de enjuiciamiento criminal para hacer más ágiles las instrucciones judiciales, reducir el número de aforados y aumentar la protección de los denunciantes de corrupción.
   2. Control de los órganos legislativos en todos los ámbitos territoriales. Para ello, se sugiere dotar de más recursos y personal especializado el trabajo de los parlamentarios y representantes municipales, crear una oficina de evaluación de las políticas públicas en el seno del legislativo, profundizar en la transparencia, responsabilidad y rendición de cuentas de las instituciones
   3. Fortalecer la independencia de los órganos de control como Tribunales de Cuentas, Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, Consejos de Transparencia y Defensores del Pueblo.
   4. Eliminar interferencias en los medios de comunicación. Extremar la imparcialidad de los órganos gubernativos en su relación con los medios de comunicación. Para ello se propone desarrollar criterios objetivos en la asignación tanto de publicidad, como de subvenciones o licencias.

2. Mejora de la independencia, calidad y transparencia de la administración
   1. Calidad de la regulación. Se plantea una necesaria simplificación normativa. También se sugiere reforzar la independencia de las agencias reguladores como la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
   2. Despolitización de los niveles superiores de las Administraciones públicas y sus entes instrumentales. Reducir la designación de puestos de confianza y limitarlos a los del más alto escalón en la organización, dotar de directivos públicos profesionales la Administración, emplear procesos de selección objetivos, separar la carrera política y la administrativa.
   3. Transparencia de los organismos públicos y evaluación de sus servicios. Transparencia total de los gastos públicos, información accesible y comprensible, mecanismos para evaluar el desempeño de servicios como la sanidad o la educación.

3. Mejora de la efectividad de las elecciones como mecanismos de selección y control
   1. Desbloqueo de las listas electorales. Cambio del sistema electoral para sustituir las listas cerradas y bloqueadas, por listas en las que los votantes puedan descartar a los candidatos con peor desempeño.

El seminario Los costes económicos del déficit de calidad institucional y la corrupción en España, organizado esta mañana en València por la Fundación BBVA y el Ivie, ha comenzado con la presentación del informe mencionado, a cargo de sus codirectores. Posteriormente, han tenido lugar dos sesiones de debate sobre el problema general del déficit de la calidad institucional y la corrupción en España y las líneas de actuación necesarias para combatirlos. Han participado en estos debates el catedrático Carlos Sebastián; Manuel Villoria, catedrático de Ciencia Política y Administración de la Universidad Rey Juan Carlos; Juan José Ganuza, catedrático de Economía y Empresa de la Universitat Pompeu Fabra y director de Dirección Estratégica y Economía Industrial de Funcas; Joan A. Llinares, director de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana; Silvia Muñoz, magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia n.5 de Arrecife (Lanzarote); y Antonio Penadés, presidente de Acción Cívica contra la corrupción