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Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

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Mejorar la calidad institucional en España será necesario para afrontar la transición tecnológica, energética y medioambiental

Juan S. Mora-Sanguinetti, economista del Banco de España, y Francisco Alcalá, investigador del Ivie, analizan los efectos de la calidad de la gobernanza en el crecimiento económico de España, en el segundo webinar Ivie de 2022

España se sitúa en niveles elevados de calidad institucional en la comparativa internacional, pero no alcanza la posición que le correspondería para su nivel de desarrollo económico porque muestra problemas en aspectos como el control de la corrupción o, más recientemente, la efectividad de gobierno. Así explicó Francisco Alcalá, investigador del Ivie la situación de nuestro país en los indicadores de calidad institucional en el webinar Gobernanza, calidad institucional y prosperidad económica, que se celebró ayer y que forma parte del ciclo Retos macroeconómicos nacionales e internacionales: recuperación, endeudamiento e inflación.

En concreto, Alcalá cifró en un 16% el crecimiento que podría experimentar el PIB en España si la calidad institucional se elevara hasta donde le corresponde por nivel económico. El investigador del Ivie participó en el webinar junto al economista del Banco de España Juan S. Mora-Sanguinetti. Ambos destacaron la relación entre la calidad de la gobernanza en un país y la productividad de su economía y coincidieron en que la calidad institucional, en la que se incluye el funcionamiento de la justicia, va a ser decisiva en la transformación del modelo económico que ha de realizar España. “La transición tecnológica, energética y medioambiental que necesita España no puede hacerla el mercado por sí solo, hace falta la colaboración del Estado, y para ello será necesario mejorar la calidad de su gobernanza”, afirmó Alcalá.

Para medir la calidad institucional existen indicadores que se clasifican en seis bloques. Además del control de la corrupción y la efectividad gubernamental, los otros cuatro se resumen en Estado de derecho y respeto a los contratos, estabilidad política y ausencia de violencia, calidad regulatoria y voz y rendición de cuentas. Para Alcalá, España falla relativamente en control de la corrupción y calidad regulatoria, pero también quiso advertir que los resultados están bajando en efectividad del gobierno, es decir, en eficacia en la implementación de las políticas públicas. Para ello, recordó que España está a la cola en la ejecución de los fondos europeos que tiene concedidos, con solo un 43% de los recursos efectivamente gastados.

Por su parte, Mora-Sanguinetti se centró en analizar la repercusión de la calidad regulatoria y el funcionamiento de la justicia en la gobernanza y, por tanto, también en la economía. Aunque insistió en que la calidad del sistema judicial español está en la media europea, sí que analizó en profundidad la congestión de la justicia y sus dos problemas asociados, la diversidad de niveles de congestión por territorios y la evolución de la misma en el conjunto del país, que está estancada y no mejora desde hace años. El economista del Banco de España destacó la complejidad de la regulación en España como uno de los causantes de esa congestión de la justicia, tanto por el gran volumen de normas y por la compleja estructura que relaciona dichas normas entre sí, como por la difícil legibilidad que muestran algunas normativas autonómicas.

Para Mora-Sanguinetti, este exceso de congestión se traduce en consecuencias económicas cuantificables como la inversión empresarial. En concreto, afirmó que “la mejor práctica judicial lograría un incremento del 0,6% al 2,8% en el tamaño medio de las empresas españolas y un aumento de la tasa de entrada de emprendedores de entre un 5% y un 7%”.

El webinar estuvo moderado por la directora-gerente del Ivie, Pilar Chorén.

28 abril 2022