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Las comunidades mejor financiadas tienen muchos más recursos por habitante para políticas de desarrollo regional destinadas a superar el COVID-19 que las regiones con peor financiación
Las comunidades autónomas son las responsables de atender los servicios públicos fundamentales (SPF), lo que está obligando a sus gobiernos a afrontar los efectos de la pandemia desde el primer momento, especialmente en los aspectos relacionados con la sanidad. Sin embargo, lograr la recuperación económica tras el COVID-19 requiere además reforzar las políticas de desarrollo regional que también dependen de las autonomías destinadas a impulsar la actividad económica. En 2009 los gastos en estas políticas representaban el 22% del presupuesto de las CC. AA., pero su volumen se ha reducido casi un 50% en los últimos años y actualmente solo pesa un 14,5%. Durante la recesión de 2008 y ante la dificultad de ajustar más los servicios educativos, sanitarios o de protección social, estas partidas dedicadas a impulsar la actividad, especialmente las de inversión pública e I+D+i, sufrieron severos ajustes.
Este recorte no se ha producido con la misma intensidad en todas las regiones. Los gastos por habitante en desarrollo regional (impulso económico, protección del medio ambiente, vivienda y servicios comunitarios, cultura y apoyo a la I+D+i) eran y son muy dispares. Navarra, La Rioja y Cantabria superaban en 2018 (último año disponible) los 800 euros de gasto por habitante, mientras que Murcia y la Comunitat Valenciana no alcanzaban los 400 euros, según se detalla en el nuevo informe COVID-19: IvieExpress, elaborado por Francisco Pérez y Silvia Mollá.
La razón principal que explica esta disparidad se encuentra en los recursos con los que cuentan los gobiernos autonómicos para atender los servicios que tienen transferidos, que son muy dispares, como consecuencia fundamentalmente de las sustanciales diferencias de financiación autonómica por habitante. En concreto, la diferencia de recursos por habitante entre las comunidades peor y mejor financiadas (Comunitat Valenciana y Navarra) superaba los 60 puntos porcentuales en 2019. Si la referencia son los habitantes ajustados (que tienen en cuenta aspectos como la edad o la despoblación), la mayor distancia (56 puntos) se registra entre Navarra y Castilla La Mancha.
Las comunidades autónomas que cuentan con más ingresos por habitante (Navarra, País Vasco, Cantabria, La Rioja, Extremadura y Asturias) necesitan hacer menos esfuerzo presupuestario para cubrir las necesidades de gasto en servicios públicos fundamentales. Es decir, a pesar de gastar más por habitante en estos servicios, el porcentaje efectivo de los ingresos netos que dedican a sanidad, educación y protección social está próximo al 70%. Sin embargo, las peor financiadas (Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Murcia y Comunitat Valenciana) han de utilizar entre el 85% y el 90% de su presupuesto para atender sus SPF. Esto implica que las primeras disponen de muchos más recursos que las últimas para desplegar políticas relacionas con el desarrollo regional. Los autores del informe inciden en que estas diferencias tan sustanciales son preocupantes en general porque cuestionan la solidaridad interterritorial, pero lo son más aún cuando las comunidades se enfrentan al reto de recuperar y modernizar sus economías tras la crisis derivada del COVID-19.
“El Gobierno debería tener en cuenta las diferentes circunstancias financieras de las CC. AA. al diseñar y asignar los fondos extraordinarios destinados a la recuperación, pues la capacidad de respuesta de las economías regionales al impacto del COVID-19 es mucho más limitada en alguna de ellas. Mientras no se adopten medidas para que los sistemas de financiación dejen de generar asimetrías, las comunidades que cuentan con menos recursos deberían recibir fondos para la reconstrucción de manera prioritaria. Si no se hace así, esta reconstrucción se producirá a diferentes velocidades y los riesgos de divergencia serán mayores”, concluyen.
