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La dana deja en Valencia cifras que duelen, sobre las que reflexionar

Son muchos los datos que se están mostrando sobre la catástrofe provocada por la dana del 29 de octubre en la provincia de Valencia, aunque todavía es imposible calcular con precisión el alcance de un desastre que tiene muchas caras y reclama análisis detallados. El perfil más desolador, sin duda, es el de las más de 200 víctimas mortales que las inundaciones han dejado tras su paso. Una cifra que duele, que cuesta creer y hubiera resultado inverosímil para cualquier persona hace solo un mes.

La dimensión de esta catástrofe tiene en las pérdidas humanas su máximo exponente, pero las consecuencias sociales y económicas son ingentes. Se han perdido viviendas, comercios, industrias, vehículos, cultivos, pero también infraestructuras públicas (carreteras, vías férreas, centros educativos y sanitarios, infraestructuras hidráulicas y eléctricas, etc.), cuya destrucción paraliza el normal funcionamiento de centenares de miles de vidas y de la economía valenciana en su conjunto. Pero, en los durísimos primeros días, también se han visto afectados por la dana activos inmateriales muy valiosos, como la confianza en la capacidad de reacción y colaboración de las instituciones para ofrecer soluciones.

La importancia de los daños es consecuencia del alcance de las zonas afectadas y de la destrucción de activos acumulados durante décadas de inversiones. Solo en las 13 poblaciones que se han visto más brutalmente afectadas, la mayoría en l’Horta Sud, se ubican el 10% de las empresas de la provincia de Valencia. Un tejido empresarial principalmente formado por micro y pequeñas empresas con un peso relevante en el empleo y el PIB provincial. Para recuperar la actividad de estas empresas y de las afectadas en el resto de los más de 70 municipios dañados, es imprescindible un apoyo público directo que les permita reponer sus activos y reiniciar su actividad cuanto antes. Desde esta perspectiva, es necesario que los paquetes de medidas que han comenzado a anunciarse tengan la potencia y duración que la situación requiere.

A diferencia de lo sucedido durante la pandemia, que dejó intactos los recursos productivos, ahora los daños en los activos públicos y privados son muy importantes. La reconstrucción de las infraestructuras y la recuperación de las vías de comunicación es fundamental, tanto para la reactivación de las empresas dañadas directamente como para el normal funcionamiento de las no afectadas que también sufren las secuelas de no poder mantener su conexión habitual con proveedores y clientes. Además, estas limitaciones en las comunicaciones y el impacto por la destrucción de las infraestructuras educativas están afectando especialmente a la población más joven, que pocos años después de la experiencia de la pandemia tienen que volver a enfrentarse a obstáculos en su trayectoria formativa y, en el mejor de los casos, a una readaptación a través de las clases en remoto.

Las dificultades de movilidad están resultado también una grave limitación para las miles de personas damnificadas, muchas de las cuales necesitarán una protección efectiva del estado de bienestar para recuperar sus vidas. Más allá de las primeras medidas de auxilio y limpieza de la zona, en las que la colaboración de los voluntarios ha sido inestimable, el futuro residencial y laboral de los afectados ha de convertirse en otro de los objetivos primordiales del Estado, de las Administraciones en todos sus niveles. Todavía más, teniendo en cuenta que los niveles de renta por hogar de los 13 municipios más gravemente atacados por la fuerza del agua se sitúan entre 5 y 10 puntos por debajo de la media de la provincia.

Necesaria evaluación de las causas y las consecuencias

Recuperar las áreas afectadas y a sus habitantes precisa respuestas urgentes y, a la vez, duraderas, pero también un análisis en profundidad de las causas del desastre y las soluciones a largo plazo para enfrentarse a riesgos como este. Será necesario tener más presentes los efectos del avance del cambio climático, que amplifica los fenómenos extremos, y acometer acciones decididas para revertirlo, si no queremos asumir los efectos de la inacción. También habrá que preguntarse por el alcance de las medidas preventivas: si la ubicación en zonas inundables es la adecuada para el desarrollo de áreas urbanas, industriales o de cultivos, o qué contribución pueden hacer las inversiones y otras actuaciones en el territorio mitigadoras de los desastres.

Además, tendremos que evaluar el coste que puede estar teniendo el retroceso de las inversiones en general, y las de infraestructuras hidráulicas en particular, hasta la parte baja de las prioridades de gasto público. Utilizadas como variable de ajuste del déficit a partir de la llegada de la Gran Recesión, hace ya quince años, permanecen en niveles tan bajos que ni siquiera garantizan el mantenimiento del stock de capital previamente acumulado, al no cubrir su depreciación. Ese frenazo de las inversiones dejó aparcados proyectos que hubieran podido contribuir a reducir los daños ahora sufridos. Y, desde luego, debemos interrogarnos sobre la capacidad de gestión de las emergencias de nuestras instituciones.

Cuanto mayor es la frecuencia y alcance de los desastres naturales, más importante es contar con estrategias de respuesta bien diseñadas, basadas en evidencias científicas y profesionales. Así como disponer de estructuras y organizaciones capaces de aprovechar el conocimiento, ensamblando todas las piezas que se necesitan para que todos los agentes cooperen a la hora de afrontar las emergencias y, comenzando con los públicos, pero llegando a los ciudadanos, colaboren para paliar sus daños. Solo engrasando bien esa maquinaria de acción colectiva, de la que ahora en buena medida carecemos a pesar de ser un país desarrollado, será posible evitar que la historia se repita.