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Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas

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La concentración de la población facilita el acceso a los servicios públicos y privados, pero deja zonas oscuras en la España vacía

El Ivie y la Fundación Ramón Areces publican una nueva monografía, que incluye la actualización de la base de datos sobre acceso de la población a las oficinas bancarias

La población española presenta un elevado grado de concentración en el litoral y en las zonas urbanas. El 32% de los habitantes reside en las 52 capitales de provincia y solo el municipio de Madrid aglutina el 7% de la población del país. Esta concentración genera problemas de despoblación en amplias áreas geográficas y revela importantes diferencias económicas. De los 8.131 municipios que hay en España, la renta por hogar en los casi 6.000 que no superan los 2.000 habitantes es un 20% inferior a la media del país, mientras que las localidades con más de 500.000 habitantes disfrutan de una renta un 20% superior al promedio. La concentración también muestra efectos beneficiosos porque facilita el suministro de servicios de interés general públicos y privados para un mayor número de personas.

La monografía Distribución de la población y accesibilidad a los servicios en España, que hoy publica la Fundación Ramón Areces, en colaboración con el Ivie, concluye que, en general, la facilidad, en términos de distancia y tiempo de viaje, con la que la población accede a servicios públicos, como la sanidad y la educación, o privados, como las sucursales bancarias, es buena. Sin embargo, el estudio elaborado por los investigadores del Ivie y catedráticos de la Universidad de València Francisco J. Goerlich y Joaquín Maudos, y por la economista del Ivie Silvia Mollá, detecta la vulnerabilidad de un porcentaje reducido de población, que reside en municipios pequeños y ubicados en el interior peninsular, que tarda más de 20 minutos en acceder a un centro de salud, centro educativo u oficina bancaria más cercana o incluso más de 45 minutos en llegar a un hospital. Teruel, Cuenca, Guadalajara, Soria y Ávila son las provincias que muestran repetidamente las peores condiciones de accesibilidad a dichos servicios. A nivel municipal destacan, además de numerosos municipios de dichas provincias, algunos de zonas montañosas como los Pirineos o Picos de Europa.

Sanidad: del centro de salud al hospital

En España existen 13.155 centros de atención primaria en 2019 (año de referencia del informe), de los cuales 3.051 son centros de salud y 10.104 son consultorios locales, estos últimos, dependientes de los primeros, y por lo general, sin personal propio y con horarios reducidos. Únicamente hay 230 municipios (2,8% del total) que no disponen de ningún tipo de centro de atención primaria, lo que supone el 0,2% de la población. Este porcentaje se amplía si solo tenemos en cuenta los centros de salud, ya que un 76,9% de municipios, en los que reside el 11,9% de los habitantes del país, no cuenta con este servicio. Aun así, el acceso a la atención primaria es muy elevado, ya que solo el 1,3% de la población tiene que desplazarse más de 20 minutos para llegar a un centro de salud.

Por provincias, destaca la buena accesibilidad en Galicia, donde la media de tiempo que hace falta para llegar a un centro de atención primaria no supera los siete minutos en ninguna de sus cuatro provincias. En el lado opuesto se sitúa Teruel, con un tiempo medio de desplazamiento de 18 minutos, que en un 40% de sus municipios llega a superar los 30 minutos.

Naturalmente, es en el acceso a los servicios hospitalarios donde se aprecian más diferencias entre regiones. La red nacional de hospitales que prestan servicio al Sistema Nacional de Salud está formada por 466 centros de agudos, de los que 281 son públicos y 185 privados con algún tipo de concierto. Estos centros se ubican en 258 municipios, en los que vive el 55% de la población española. El 45% de la población restante, que no cuenta con un hospital en su localidad, ha de recorrer de media unos 20 kilómetros para llegar al hospital más cercano, lo que le lleva un tiempo superior a 20 minutos. En el cómputo global, el 91% de la población reside en un municipio con hospital o se encuentra a menos de 30 minutos de alguno. Solo el 2,1% de la población, algo menos de un millón de personas, vive a más de 45 minutos de un centro hospitalario.

Estas cifras agregadas no reflejan las grandes diferencias entre regiones fruto, en parte, de que las competencias sanitarias dependen de las Comunidades Autónomas. El 56% de la población de Cuenca necesita más de 30 minutos para llegar a un hospital, lo mismo que le ocurre a más del 40% de los habitantes de Ávila, Teruel y Zamora. Por el contrario, las provincias de Barcelona y Gipuzkoa solo tienen un 0,3% de su población que tarda más de media hora en acceder a un hospital.

Tiempos de acceso de cada municipio al centro hospitalario más cercano del SNS

 

Educación: de la educación primaria al bachillerato

En educación primaria (ampliada con el segundo grado de infantil), solo unos 50.000 alumnos carecen de un centro escolar en su municipio, lo que supone el 1,2% de la población entre 3 y 11 años. El grado de accesibilidad a este primer nivel de formación es muy elevado. Sin embargo, las diferencias regionales vuelven a ser importantes. Mientras que en Murcia o Canarias prácticamente el 100% de sus municipios disponen de centro educativo, en Castilla y León más de las tres cuartas partes de las localidades no tienen colegio, lo que afecta al 9% de los alumnos en esa franja de edad de esa comunidad.

Si avanzamos hasta la educación secundaria obligatoria (entre 12 y 15 años), el porcentaje de estudiantes sin centro en su municipio se amplía hasta el 7%. Aun así, el 93% de ellos se encuentra a menos de 20 minutos de un centro educativo de secundaria. Solo en 274 municipios, con población entre los 12 y los 15 años, los tiempos de acceso a un centro escolar de secundaria supera los 30 minutos, una situación que afecta a menos de 1.500 alumnos. Estos alumnos se concentran mayormente en Castilla y León y Aragón, en municipios de montaña y con un tamaño medio muy reducido, de unos 200 habitantes.

El informe analiza también el acceso a los centros de bachillerato. En más de 6.000 municipios españoles no existe demanda potencial de este tipo de estudios no obligatorios, por ausencia o escasez de jóvenes en estas edades, lo que genera que los centros que imparten bachillerato estén más concentrados geográficamente que los de educación obligatoria. Aunque el 79% de las localidades carece de centro de bachillerato, la población afectada representa solo el 11% del total (unos 100.000 alumnos potenciales). El 14% de estos estudiantes (solo unos 15.000) tarda más de 20 minutos en llegar al centro de bachillerato más cercano.

Estas cifras esconden, sin embargo, una realidad demográfica llamativa de muchos municipios pequeños. En una gran parte de los de menor dimensión no existe población en las franjas de edad escolar y por tanto no existe problema de accesibilidad, pero existe, por otra parte, un problema de relevo generacional importante.

Accesibilidad a los servicios bancarios

La red de oficinas bancarias en España alcanzó un máximo de cerca de 46.000 en septiembre de 2008. Pero desde entonces se ha reducido un 51%, hasta situarse en 22.392 sucursales en diciembre de 2020. La caída se ha producido en todas las regiones, aunque con un rango de variación que va desde el mínimo del 34% de reducción en Castilla-La Mancha y Extremadura, hasta el máximo del 64% de caída en Cataluña. Baleares, Cataluña, Comunitat Valenciana, Galicia y Madrid concentran más de la mitad del cierre de oficinas bancarias desde 2008. Por provincias, el mínimo de reducción se da en Cuenca (25%) y el máximo porcentaje de cierres en Barcelona (65%).

En 2019, el 52,7% de los municipios españoles carecía de oficina bancaria, lo que supone un crecimiento de 8,4 puntos porcentuales frente al 44,3% de 2008. Los habitantes que residen en estas localidades concentran el 3% de la población española, un porcentaje que en 2008 se situaba en el 2%, es decir, su peso ha aumentado un 50%. En términos absolutos, hablamos de cerca de 1,4 millones de habitantes, casi 450.000 más que en 2008.

Por comunidades autónomas, el porcentaje de población sin acceso a una oficina bancaria en su municipio de residencia alcanza el máximo de 15,8% en Castilla y León, frente a los mínimos de Canarias, Baleares y Murcia, donde no se llega al 0,5%. Por provincias, en Zamora el 28,7% de la población no dispone de oficina bancaria en su localidad, mientras que en Santa Cruz de Tenerife todos los municipios disponen de oficina bancaria.

De las oficinas que se han cerrado desde 2008, el 83% se concentra en municipios de más de 10.000 habitantes y el 46,5% en los de más de 100.000. En el caso de los municipios pequeños, como muchos de ellos ya no tenían oficina, el porcentaje apenas varía. Aun así, en 2019 hay un total de 4.287 municipios sin sucursales bancarias, 636 más que en 2008.

Sin embargo, no tener una oficina bancaria en el municipio de residencia no implica necesariamente un problema de exclusión financiera, ya que hay otras vías de acceso a los servicios financieros como la banca online. En España, el tiempo medio de desplazamiento en coche desde un municipio sin oficina bancaria a la más próxima es de 11 minutos. Por comunidades autónomas, el menor tiempo de acceso a una oficina corresponde al País Vasco (7 minutos), menos de la mitad que los 15 minutos de Canarias. Por provincias, el máximo se alcanza en Málaga, con 18 minutos de desplazamiento. Si desagregamos por municipios, solo hay 8 localidades en todo el país (de un total de 8.131) en las que son necesarios más de 45 minutos en coche para llegar a una oficina bancaria.

Conclusiones e implicaciones de los resultados obtenidos

La accesibilidad geográfica a servicios básicos de interés general –sanidad, educación o servicios bancarios- es relativamente buena en el conjunto del país. La mayor parte de la población tiene acceso a estos servicios en su municipio o el acceso al mismo se puede realizar en un tiempo razonable.

Sin embargo, existen algunas zonas oscuras en la geografía española en los que esa accesibilidad se complica y que afectan a una población con características muy específicas. Se trata de una población fundamentalmente mayor, que reside en municipios muy pequeños, normalmente de montaña y con malas comunicaciones. Su nivel de renta es también inferior al del promedio del país.

El principio de equidad territorial y la obligatoriedad de las administraciones públicas de prestar los servicios de sanidad y educación requiere medidas correctoras para esta reducida población con mayores dificultades de acceso. Las nuevas tecnologías están encaminadas a jugar un papel fundamental en la provisión de estos servicios, especialmente en el ámbito educativo, ya que permiten una redefinición del espacio y la distancia. También deberían actuar los poderes públicos para garantizar el acceso a los servicios privados considerados esenciales, como la atención financiera.

En relación a la accesibilidad a los servicios bancarios, todavía existen colectivos de población vulnerables desde el punto de vista financiero para los que no tener acceso a una oficina bancaria sí puede ser sinónimo de exclusión financiera. Son personas que viven en municipios donde no llega internet, que no tienen dispositivos a través de los que conectarse a la red, y/o no tienen las habilidades mínimas necesarias para utilizar la banca online. En estos casos, es la administración pública la que debe resolver el problema, asegurando que la red llegue a todos los municipios, o en otros casos con otras soluciones, colaborando con las entidades de crédito. Pero no debe responsabilizarse a la banca del problema, ya que el negocio bancario, como cualquier otro, debe ser viable, lo que no es compatible con mantener oficinas que no son rentables.

25 mayo 2021