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La Comisión Europea publica el informe sobre reformas estructurales en España elaborado por el Ivie y NIESR

La unidad de mercado, las barreras al crecimiento empresarial, la salud financiera de las empresas y la ineficiencia en la contratación pública son los cuatro temas que aborda el documento

La Comisión Europea, dentro del marco del Semestre Europeo, ha publicado el informe Structural Reforms in Spain en el que se analizan en profundidad cuatro áreas en las que serían necesarias reformas estructurales: reducción de las barreras a la unidad de mercado en España; regulación excesiva para la actividad y crecimiento empresarial; mejoras en la salud financiera de las empresas españolas; y reformas en la contratación pública.

El informe publicado por la Comisión ha sido realizado conjuntamente por el Ivie y NIESR (National Institute for Economic and Social Research del Reino Unido). Los investigadores del Ivie Juan Fernández de Guevara, Joaquín Maudos, Silvia Mollá y Francisco Pérez contribuyen al informe con dos capítulos, dedicados a la salud financiera de las empresas españolas y a la contratación pública.

Con respecto a la salud financiera de las empresas, el informe explica que aunque las empresas han reducido con intensidad su nivel de endeudamiento desde 2012, todavía existe un porcentaje significativo de compañías financieramente vulnerables (empresas en riesgo), con alto nivel de endeudamiento y con pagos por intereses de la deuda superiores a los beneficios que obtienen.

El entorno macroeconómico favorable de los últimos años ha permitido reducir la fragilidad financiera de las empresas. Sin embargo, las empresas españolas son sensibles a dos factores: la evolución de los tipos de interés y el nivel de actividad económico -crecimiento del PIB-. De acuerdo con las estimaciones que se realizan en el informe, la evolución esperada de ambas variables produciría un reducido impacto sobre la evolución las empresas y del empleo en riesgo. Ahora bien, la vulnerabilidad aumentaría rápidamente si las actuales incertidumbres económicas nacionales o internacionales se plasman en un parón brusco en el crecimiento económico.

Los problemas de vulnerabilidad de la empresa española ya no se deben a un excesivo endeudamiento agregado, dado el intenso desapalancamiento que se ha producido en los últimos años. Más bien se debe a la existencia de un conjunto amplio de empresas con elevado nivel de endeudamiento y que no consiguen rentabilidad suficiente para hacer frente al pago del coste de la deuda y de su amortización. La fragilidad financiera se concentra fundamentalmente en las empresas más pequeñas (en las microempresas y las pequeñas) y en el sector de la construcción y promoción inmobiliaria, donde la inercia del pasado todavía es importante.

En el informe se aporta evidencia de la carga que el endeudamiento excesivo de las empresas financieramente vulnerables está significando para el conjunto de la economía española. Estas, empresas con dificultades estructurales, concentran una porción importante del crédito bancario, que en algunos casos puede haber sido refinanciado para evitar que los bancos tengan que reconocerlo como moroso. Esto mantiene con vida lo que se conoce como empresas zombis, financieramente frágiles, poco rentables, y generalmente con baja productividad. La supervivencia de estas empresas supone un lastre para el crecimiento de la productividad agregada, y concentra recursos, especialmente financieros, que no fluyen a otras empresas más dinámicas.

Contratación pública

El capítulo de contratación pública analiza las ineficiencias de los procesos llevados a cabo por el sector público en la compra de bienes o servicios al sector privado. El gasto en contratación pública representa el 23% del gasto público total en España (10% del PIB). Dado el peso de los procedimientos de contratación pública en la economía, es importante garantizar su eficiencia y buen funcionamiento.

El peso de la contratación pública en las administraciones locales y autonómicas es mayor que en otros niveles de gobierno, ya que representa entre el 40% y el 50% del gasto, como consecuencia de su especialización, que en el caso de la administración regional se concentra en servicios fundamentales como educación y sanidad. El informe ilustra que también existen diferencias importantes entre comunidades autónomas en cuanto al gasto en contratación pública per cápita. En el caso de la educación, estas diferencias oscilan entre el máximo de 449 euros de gasto por habitante en el País Vasco y el mínimo de 118 euros en Castilla-La Mancha, en 2016. Mientras que en salud, Cataluña se sitúa como la región con mayor gasto por cápita (819 euros) y Andalucía la que menos gasta (572 euros).

Estas diferencias entre CCAA se explican por el nivel de bienes y servicios suministrados a su población, así como la calidad de los mismos, por el volumen de recursos financieros disponibles por las CCAA, por la preferencia por la provisión pública o privada por parte del gobierno regional, y por la eficiencia y competencia en los procedimientos de contratación (coste unitario de cada bien o servicio).

El informe solicitado por la Comisión Europea detecta ineficiencias en los procesos de contratación pública. Destaca la selección de procedimientos de contratación inadecuados y la falta de transparencia, la necesidad de fomentar la competencia en los mercados de contratación a través de procedimientos abiertos, la duración excesiva de los procedimientos y la fragmentación de los contratos. La reciente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público pretende precisamente incidir en algunos de estos aspectos, pero todavía es pronto para poder evaluar su efectividad.

Asimismo, el análisis realizado permite afirmar que cuanto mayor es la competencia en los concursos públicos (mayor número de empresas que presentan ofertas), mayor es el ahorro para las AAPP en sus procesos de contratación. Además, los ahorros en la contratación son mayores para los contratos más grandes y, por lo tanto, la división de contratos a favor de un solo postor tiene un efecto negativo en los ahorros esperados. Existe, además, gran heterogeneidad en la duración de los procedimientos, lo que indica la existencia de diferencias en la eficacia y la eficiencia entre los distintos niveles de gobiernos (administración central, CCAA o corporaciones locales) e incluso dentro de sus departamentos.

Para mejorar los procesos de contratación pública en España se sugiere avanzar en cinco direcciones:

• la definición y selección de los procedimientos de contratación apropiados
• la aplicación transparente y correcta de los procedimientos para promover la competencia y la reducción de la duración de los procedimientos
• la generación sistemática de abundante información de calidad de los procesos y sus resultados
• la generación de indicadores de la intensidad de la competencia que permitan la evaluación sistemática de los procedimientos
• la revisión y mejora de los procedimientos de contratación, así como la preparación y difusión de guías que faciliten la imitación de buenas prácticas.