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El excesivo poder de mercado de las grandes empresas afecta negativamente a los salarios y aumenta la desigualdad
Los profesores de la Universitat Pompeu Fabra Jan Eeckhout y Juan José Ganuza advierten, en el tercer webinar Ivie de 2022, del escaso debate que generan los problemas derivados de la concentración empresarial.
En el mundo existen alrededor de 100 millones de empresas, pero solo unas 500 concentran entre el 30% y el 40% del PIB mundial. Son las empresas globales, grandes y dominantes, que han experimentado un intenso desarrollo desde los años 80. Según explico ayer Jan Eeckout, profesor de Investigación ICREA en la Universitat Pompeu Fabra, en el Webinar del Ivie Gigantes empresariales, competencia y regulación, esa excesiva concentración de poder de unas cuantas compañías ha perjudicado a las más pequeñas, que no pueden competir, y también a las startups, que han pasado de representar el 13% del total de empresas en los años 80 a solo un 8%. “Las startups son empresas que innovan, crecen rápido y contratan a gente joven, pero están perdiendo peso y eso es una de las consecuencias de la concentración empresarial”.
El poder de mercado acumulado por las grandes empresas también afecta negativamente a los salarios, que hasta los años 80 mantuvieron una evolución positiva, pero después se han estancado, según explicó Eeckout. “Incluso han llegado a bajar un 15% en el caso de los trabajadores menos formados”, añadió, lo que incide en un aumento de la desigualdad.
El profesor se refirió específicamente a la concentración empresarial en la economía digital, con empresas tecnológicas que además tienen mucha influencia en la legislación anticompetitiva, con capacidad para presionar a través de lobbys o acciones judiciales para evitar que la normativa les perjudique.
Precisamente, el profesor de la UPF e investigador de Funcas, Juan José Ganuza, analizó, en su intervención, el funcionamiento de los mecanismos de defensa de la competencia que tenemos y afirmó que no están funcionando en el caso de las empresas dominantes en la economía digital. Explicó que la política de la competencia en España, que ha de garantizar que las empresas compitan entre sí de forma justa, han conseguido eliminar monopolios en sectores como las aerolíneas, las telecomunicaciones, los envíos postales, etc, lo que permite reducir precios, aumentar los incentivos a la innovación y mejorar la productividad. “En concreto, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) ha desmantelado más de 40 cárteles (acuerdos secretos ilegales entre empresas para fijar precios, limitar la producción o repartirse los mercados) en los últimos años en sectores tan diversos como camiones, leche, turrones, colegios profesionales, etc.” Además, Ganuza ha señalado el papel de las autoridades de la competencia para frenar las fusiones que no generen beneficios para los consumidores, como el bloqueo a la fusión de Alstom y Siemens. En España, por ejemplo, “tenemos ahora mismo la fusión entre Orange y Masmóvil sobre la mesa, que daría lugar a una compañía de 20.000 millones con más del 40% de cuota de mercado en algunos segmentos”.
Sin embargo, en opinión de Juan José Ganuza, la defensa de la competencia no siempre funciona en las empresas digitales, con grandes compañías que abusan de su posición dominante. “Las herramientas de defensa de la competencia habituales no están funcionando en la economía digital, están siendo ineficaces. Tenemos un grupo de gigantescas empresas digitales que está dominando la economía mundial, con un beneficio neto de más de 300.000 millones de dólares en 2021.” Todos estos gigantes tecnológicos han acumulado muchos datos, lo que les da una ventaja competitiva y les permite impedir la entrada de nuevos competidores e innovaciones.
El profesor de la Universitat Pompeu Fabra afirmó que los ciudadanos no nos damos cuenta de los beneficios que podría aportar la competencia y nuestro reto sería hacer de la competencia un tema más presente en el debate público. Por su parte, Jan Eeckout coincide en este punto y destaca la importancia de que “los ciudadanos asumamos la responsabilidad de hacer presión política para reducir la posición dominante de estas empresas”.
