Noticias
Aprovechar los fondos europeos para la transición digital exige avanzar en formación y abordar la transformación digital de empresas y administraciones
El CES presenta su XXI Premio de Investigación, un estudio elaborado por el Ivie que analiza el impacto de la transformación digital en España, con sus principales amenazas y oportunidades
El Plan de Recuperación de la UE para combatir las consecuencias económicas del coronavirus destinará buena parte de sus fondos a proyectos que fomenten la transformación digital, lo que obliga a España a asumir un desafío que requiere la implicación de empresarios, trabajadores, gestores públicos, educadores, estudiantes y familias. El informe Cambios Tecnológicos, trabajo y actividad empresarial: el impacto socioeconómico de la economía digital, elaborado por el Ivie para el Consejo Económico y Social (CES) tras recibir el XXI Premio de Investigación del CES, plantea desde una perspectiva muy amplia el escenario de la transición digital en España. El director del estudio, Francisco Pérez, junto a José María Peiró, uno de sus autores y también investigador del Instituto, han presentado hoy las principales conclusiones de un libro que analiza el impacto de la transformación digital en España y ofrece recomendaciones para las empresas y los trabajadores, así como para la Administración pública y el sistema educativo. En la elaboración del estudio ha participado un equipo multidisciplinar integrado por especialistas en economía, administración de empresas, psicología social y derecho laboral. Además de Pérez y Peiró el equipo está formado por Bruno Broseta, Alejandro Escribá, Alicia Gómez, Laura Hernández, Lorenzo Serrano y Adrián Todolí.
Los autores muestran su preocupación por la falta de conciencia colectiva acerca del alcance que la digitalización va a tener en los ámbitos laborales, empresariales, educativos y personales, aunque consideran que la pandemia ha cambiado las percepciones en este sentido. “La sociedad española no comparte una hoja de ruta para moverse en el nuevo escenario”, y advierten que “nos encontramos en un momento en el que la cooperación resulta fundamental para superar las amenazas que representa la digitalización y aprovechar sus oportunidades, ahora reforzadas por la apuesta de la UE por financiar la transición digital como uno de los pilares de la respuesta a la pandemia”.
La magnitud de los cambios asociados al cambio tecnológico es todavía más relevante por la velocidad a la que se han incorporado en la sociedad gracias, en parte, a los precios continuamente decrecientes de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). En España, el 98,2% de las empresas de 10 o más trabajadores y el 95,5% de los hogares están conectados a internet. Mientras que para que el 90% de la población tuviera acceso a un automóvil tuvieron que trascurrir 74 años, solo han pasado 23 para que ese mismo porcentaje de población disponga de conexión a Internet.
En el ámbito productivo, la automatización de procesos permite sustituir ocupaciones humanas por máquinas; la digitalización de bienes y servicios, los transforma en información y los hace transmisibles a través de las redes, revolucionando los modelos de negocio; y el desarrollo de plataformas digitales para realizar transacciones a bajo o nulo coste modifica las condiciones laborales y también las relaciones personales. Estos son algunos de los desafíos que plantea la transformación digital que, con frecuencia, define nuevos escenarios para competir y trabajar a los que es necesario adaptarse.
España es uno de los países en los que la amenaza de pérdida de puestos de trabajo por la automatización es elevada si se centra la atención en la probabilidad de automatización de las ocupaciones, debido a su especialización sectorial y a la mayor presencia de empleos estandarizables. Las operaciones de producción son más automatizables y están más expuestas. Las actividades menos amenazadas por la digitalización son las creativas, cognitivas, abstractas y de interacción directa con el cliente. Por sectores, los riesgos son mayores en agricultura, ganadería y pesca, y muy bajos en educación y en las actividades sanitarias o las de servicios avanzados. La probabilidad de automatización del puesto de trabajo es también más elevada entre los extranjeros, los jóvenes, las personas que no continúan formándose y las de menores niveles educativos, debido a las ocupaciones que tienen. Por el contrario, los universitarios destacan por estar empleados en ocupaciones con un riesgo de automatización muy inferior al resto de trabajadores.
El estudio destaca que la digitalización está provocando un cambio mucho más amplio que el derivado de la pérdida de ciertos empleos: la transformación de las tareas a desarrollar en la mayoría de las ocupaciones y la aparición de nuevas profesiones. “Algunas ocupaciones pueden llegar a desaparecer, pero en la mayor parte de los casos la digitalización no supondrá la desaparición del puesto de trabajo, sino su transformación hacia tareas más complementarias con la tecnología”, explica el informe. Además, recuerda que, según diversos estudios, en España, entre 2018 y 2030 se crearán entre 2 y 2,3 millones de puestos de trabajo derivados de la digitalización. Para responder a ambos cambios va a ser necesario un gran esfuerzo de preparación de los trabajadores, los que ya están incorporados y los jóvenes que llegan, que ha de ser conducido por las empresas y el sistema educativo.
Los impactos de la digitalización alcanzarán su máxima expresión en la próxima década, con la consolidación de tecnologías y servicios de los que ya se habla como: Internet de las cosas, Inteligencia Artificial, Smart home, Smart cities, sensores, actuadores, protocolo 5G, etc. Las empresas se enfrentan a la vez a una profunda transformación en su forma de competir. Los datos son cada vez más un activo estratégico, se acelera la creación de nuevos productos y servicios digitales, cuya producción requiere mayor eficiencia operativa, pues se intensifica la competencia de los mercados mientras los actuales gigantes tecnológicos siguen creciendo y entrando en nuevos sectores. Para competir en ese escenario, las estrategias digitales van a ser fundamentales.
Tanto los trabajadores como las empresas necesitan prepararse para el cambio en muchas direcciones, pero sobre todo en el terreno de la formación. España parte de una situación menos positiva de lo que sería deseable en este aspecto, pese a su buen equipamiento de infraestructuras digitales. La formación de muchos para gestionar la complejidad actual empresarios es reducida (en 2018 el 36,3% de los empresarios con asalariados tenían como máximo estudios de secundaria obligatoria). Además, las competencias digitales de las plantillas españolas son modestas frente a las de otros países europeos, aunque van mejorando. Solo el 18,4% de las empresas cuenta con especialistas digitales, un porcentaje que se reduce al 2,5% en las microempresas. “Se plantean enormes retos educativos en formación reglada y también en formación continua, para adaptarse y actualizarse a las nuevas competencias requeridas. Asimismo, se plantea la necesidad de que las empresas que por su tamaño no puedan contar con especialistas TIC en sus plantillas actúen para contar con los servicios externos que suplan esta limitación.”
En relación con estos retos, el informe aborda también el papel fundamental de las Administraciones, pues el marco regulatorio es de su competencia, y deben garantizar la igualdad de oportunidades para que la digitalización no venga acompañada de nuevas modalidades de exclusión social, ni de incrementos de las desigualdades ya existentes. “La respuesta no puede ser frenar la innovación sino contar con instrumentos adecuados para proteger a los trabajadores de los riesgos que acompañan a los cambios positivos”. Desde esta perspectiva, señala el director del estudio, “la estrategia europea de recuperación, y los recursos que aportará el NGEU son una enorme oportunidad transformadora que las empresas y trabajadores españolas no deben desaprovechar para llevar a cabo inversiones y reformas que mejoren nuestra capacidad de crear empleo y riqueza de manera sostenible”.
El informe elaborado por el Ivie para el CES concluye con recomendaciones dirigidas a empresarios y directivos, trabajadores, sistema educativo y administraciones públicas para lograr que la adaptación a la digitalización sea positiva.
