Las diferencias regionales de gasto público en educación alcanzan los 3.700 euros por alumno y la distancia se ha duplicado desde el año 2000

RIFDE cierra sus segundas jornadas en Valencia con un análisis del gasto en educación y un debate sobre otras necesidades de gasto más allá de los servicios públicos fundamentales que también han de atender las CC. AA.

La XIII Jornada RIFDE sobre Finanzas Autonómicas ha concluido esta mañana con dos sesiones que han completado el análisis iniciado ayer sobre las políticas de gasto en las comunidades autónomas (CC. AA.) en distintos ámbitos. En concreto, Lorenzo Serrano, investigador del Ivie, ha mostrado la trayectoria y la situación actual del gasto en educación, uno de los servicios fundamentales cedidos a las autonomías. En la siguiente sesión, los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela Xoaquin Fernández Leicea, María Cadaval y Santiago Lago-Peñas, han presentado una ponencia en torno al debate sobre los recursos disponibles en las CC. AA. para asumir otros gastos, más allá de los servicios fundamentales.

En su intervención, Lorenzo Serrano ha destacado las enormes diferencias en gasto en educación por regiones, ya que alcanzan los 3.700 euros por alumno al año entre la región que más gasta en esta partida (País Vasco) y la que menos (Madrid). Además, ha resaltado que esta distancia, lejos de reducirse, se ha duplicado desde principios de siglo.

El análisis sobre el gasto en educación advierte de las diferencias por regiones, pero plantea que no solo se explican por la desigualdad de recursos determinada por la infrafinanciación autonómica, sino que se deben también a la decisión política de cada gobierno regional. De hecho, el mayor o menor gasto no equivale al esfuerzo que hace cada autonomía en educación, medido como su peso en los ingresos netos de los que disponen. También en este caso hay diferencias que superan los 12 puntos porcentuales. Andalucía, Murcia y Comunitat Valenciana, tres de las que más sufren la infrafinanciación autonómica, son las que realizan un mayor esfuerzo al destinar alrededor del 30% de sus recursos a educación, frente a solo el 20% de Navarra o Asturias. Además, también se observan importantes diferencias en la distribución de ese gasto entre la enseñanza pública y la privada. País Vasco y Madrid destinan más de una cuarta parte de su gasto público a centros educativos privados frente a solo el 8% en Canarias, Castilla-La Mancha y Extremadura.

El gasto público en educación en el conjunto del país ha mantenido una tendencia creciente tras la brusca caída de la crisis de 2008 y actualmente alcanza el nivel máximo en lo que llevamos de siglo, con 63.040 millones de euros en 2023, frente a los 45.7523 de 2002. Sin embargo, ha perdido peso en el gasto público total, ya que representa un 9,9%, cuando a principios de siglo suponía el 11,5% del total.

El avance en los últimos años no ha permitido alcanzar la media europea en gasto público en educación medido en porcentaje del PIB. Históricamente, España, se ha situado por debajo de la media y en 2023 todavía está 0,5 puntos porcentuales por debajo del 4,7% de la EU-27. Una diferencia que supera los 2 puntos si se compara con los países europeos mejor posicionados como Suecia, Finlandia o Bélgica.

En este contexto, el investigador del Ivie y catedrático de la Universitat de Valencia también aprovechó su intervención para destacar los retos de futuro a los que se enfrenta la educación, marcada por las nuevas proyecciones demográficas que auguran un descenso de la población en edad típica para estudiar del 12%. Esta reducción del alumnado será diferente en función del nivel de estudios, por lo que la primera recomendación sería reasignar las necesidades de gasto en función de esos niveles.

El investigador ha insistido en que la educación es cada vez más una cuestión de competencias efectivamente adquiridas más que de años de estudio y ha planteado como un objetivo fundamental de la educación española impulsar la mejora de las competencias. También sugiere seguir fomentando la Formación Profesional, especialmente la FP Dual; alinear formación y competencias con las demandas del mercado laboral y seguir reduciendo la tasa de abandono educativo temprano, que todavía alcanza el 13% en España. Junto a estos retos ya ampliamente debatidos en el sector, Serrano ha repasado algunos desafíos añadidos a los que se va a enfrentar el sistema educativo debido al retraso de la edad de jubilación, el envejecimiento de las plantillas de profesores, el aumento de la incapacidad temporal en el sector o la irrupción de la IA. Finalmente, ha concluido enfatizando la necesidad de evaluar los resultados de los programas y medidas que se apliquen como elemento imprescindible para el diseño de políticas educativas eficaces.”

Las comunidades autónomas destinan el 26% de su gasto a servicios “no esenciales”

Tras esta primera sesión de hoy, las XIII Jornadas RIFDE han continuado con la ponencia presentada por los profesores de la Universidad de Santiago de Compostela Xoaquin Fernández Leiceaga, María Cadaval y Santiago Lago-Peñas, que se ha centrado en el gasto público de las comunidades autónomas en servicios no esenciales; es decir, aquellos que no forman parte del núcleo del Estado de bienestar (sanidad, educación y servicios sociales), con el fin de abordar la autonomía de los gobiernos autonómicos y su capacidad para adaptar políticas a las preferencias territoriales.

Los gobiernos autonómicos gestionan un amplio y diverso conjunto de competencias en ámbitos diferentes a los llamados servicios esenciales: como son la promoción económica, el transporte público, la cultura o la vivienda. Conocido como gasto en servicios no esenciales, representa actualmente el 26% del gasto total de las comunidades autónomas. En las comunidades de territorio común, el gasto en servicios no esenciales por habitante entre las regiones que más gastan (Cantabria y Cataluña) y la que menos (Murcia) más que se duplica. Las comunidades forales presentan niveles de gasto todavía más elevados.

Los ponentes han explicado que este tipo de gasto cumple una doble función. Por un lado, permite a los gobiernos regionales ejercer su autonomía programática y adaptar sus políticas a las preferencias específicas de su ciudadanía. Por otro, funciona como un elemento de competencia política entre territorios y como instrumento estratégico en el uso de los recursos públicos.

La diversidad en el esfuerzo autonómico en servicios no esenciales responde a una combinación de factores estructurales, institucionales y políticos, entre los que destacan la capacidad fiscal, el nivel competencial, la estructura territorial interna y las preferencias de los gobiernos autonómicos, tal y como se refleja en esta última sesión.

Para los autores del estudio, esta diversidad, lejos de ser un problema, constituye una expresión legítima del modelo descentralizado, siempre que se garantice la equidad interterritorial en el acceso a los servicios esenciales. “Ello exigirá revisar el sistema de financiación autonómica para incorporar mecanismos estables y objetivos que permitan a las CC. AA. sostener sus políticas en servicios no esenciales, especialmente en vivienda, transporte y promoción económica, donde las demandas sociales y los retos estructurales son crecientes; pero también pensando en lo que puede ocurrir en el nuevo marco europeo de financiación o en el impacto de los eventos extremos. La superación del modelo principal-agente y la integración de estas políticas en la financiación ordinaria son pasos imprescindibles para consolidar un federalismo fiscal funcional y equitativo.”, concluyen.

Las XIII Jornadas RIFDE, organizadas por la Red de Investigadores en Financiación autonómica y Descentralización financiera en España (RIFDE), en colaboración con el Ivie y la Generalitat Valenciana, han finalizado con el acto de clausura que han compartido el director de Investigación del Ivie, Francisco Pérez; y la subdirectora de RIFDE y profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, María Cadaval.