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R&D plays a decisive role in overcoming the crisis, but it accounts for only 1.2% of Spain's GDP compared to 2.2% in the EU
La nueva crisis causada por el COVID-19 ha mostrado la importancia de contar con un potente sistema de I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación). Por un lado, contribuye directamente al desarrollo de una respuesta sanitaria a la pandemia, pero también aporta soluciones tecnológicas y organizativas a las empresas para recuperar su actividad cuanto antes, según explican los autores del nuevo informe COVID-19: Ivie Express, Javier Quesada, Matilde Mas y Jimena Salamanca. Los economistas destacan tres problemas que lastran la innovación en España y que suponen, por tanto, tres retos para el presente y el futuro.
En primer lugar, su escasa dimensión. La I+D+i ha de ganar peso en la actividad productiva de los diferentes sectores de la economía, tanto mediante la incorporación de contenido de I+D+i en los bienes y servicios producidos por las empresas, como desarrollando nuevos sectores más tecnológicos. Sin embargo, el peso de la inversión en I+D sobre el PIB era en España del 1,2% en 2018, casi la mitad que la media de la UE-27 y muy por debajo de potencias como Estados Unidos (2,8%) o Japón (3,2%). La crisis de 2008 ya evidenció la importancia de la innovación y la tecnología como instrumento para impulsar la economía y el cambio de modelo productivo. Pero España no ha sabido aprovechar los años de expansión para avanzar en este sentido. Con una tasa de crecimiento anual de la inversión en I+D entre 2008 y 2018 de solo el 0,2%, frente al 20% de China, el 6,3% de Estados Unidos o el 4,6% de Alemania, se aleja cada vez más de la media europea (3,6%).
Por comunidades autónomas, la dinámica de inversión en I+D entre 2008 y 2018 también resulta decepcionante. Nueve regiones presentan tasas de variación negativas, especialmente, Extremadura (-2,2%), Asturias (-2%), Castilla-La Mancha (-1,9%) o Cantabria (-1,8%). En 2018 (último disponible), solo cinco autonomías presentaban ratios I+D/PIB superiores a la media: País Vasco (2%), Madrid (1,7%), Navarra (1,7%), Cataluña (1,5%) y Castilla y León (1,3%).
El segundo reto que se plantean los autores del informe es conseguir que las empresas se impliquen en la política de I+D. En España el peso de la inversión privada en I+D representa el 56,5% del total, una cifra muy inferior a la media europea (66,4%) y a la de otros países de referencia, como EE. UU. (73,1%) o China (77,6%). Por el contrario, el peso de la inversión en I+D de la Administración pública (16,9%) y la universidad (26,4%) es la más elevada de todos los países analizados.
Por lo que respecta a los distintos territorios, se observan grandes diferencias. Mientras que en el País Vasco la inversión realizada por las empresas supera las cifras de las grandes potencias, con el 76,1%, en Extremadura (25%) y Canarias (20,1%) se registran los valores mínimos.
Por último, el tercer reto que destaca el informe se refiere a la mejora necesaria en la cooperación entre agentes e instituciones responsables del impulso a la innovación. Empresas, Administraciones públicas y centros de I+D+i (universidades, institutos de investigación y centros tecnológicos) no integran suficientemente sus objetivos y, de esta forma, se limita el potencial que podría tener la I+D+i.
La colaboración universidad-empresa es muy baja, no llega al 10% entre el reducido colectivo de empresas que se declara innovadora. Murcia, Navarra, Cantabria y Castilla-La Mancha son las regiones en las que existe más cooperación. En cuanto al trabajo conjunto entre empresas, es decir la cooperación interempresarial, dentro del 20% de las empresas innovadoras, un 63% coopera con empresas de fuera de su grupo y solo el 17% lo hace con empresas del mismo grupo. La cooperación entre empresas y Administración todavía es menor, apenas supera el 6%. Destaca, en este sentido, las mayores relaciones que se establecen en Aragón, La Rioja y Murcia.
Uno de los indicadores que mide el grado de transmisión de resultados de la I+D+i al tejido productivo es el número de patentes registradas. En España la cifra se sitúa en 36 patentes por cada millón de habitantes, solo una tercera parte de la media europea (107 patentes). También en este aspecto existen grandes diferencias entre territorios. Vuelve a despuntar Aragón, con 101,9 patentes; seguida de Navarra y Madrid, con 58,8 y 43,6 patentes, respectivamente. En el extremo opuesto se sitúa Canarias, con 8,2 patentes, y Extremadura, con 8,4.
En definitiva, el informe concluye que la inversión en I+D+i va a desempeñar un papel cre-ciente en el nuevo horizonte económico post COVID-19, no solo para la investigación sanitaria, sino también para readaptar las tecnologías en las empresas que quieran competir en la ‘nueva normalidad’. Sin embargo, “sin un mínimo nivel de inversión y una mayor integración entre los agentes que generan I+D será difícil que España pueda aprovechar las oportunidades que aparezcan en los próximos años”, afirman los autores.
