News
AIReF has published the report, in which the Ivie collaborated through Redev, on employment policies in the Spanish region of Castilla y León
El documento analiza la eficacia de cuatro programas del conjunto de políticas activas de empleo gestionadas por el Servicio Público de Empleo de la región
La Junta de Castilla y León ha presentado esta mañana las principales conclusiones del informe Políticas Activas de Empleo en Castilla y León, coordinado y dirigido por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Para su elaboración, Airef ha contado con el soporte técnico de la Fundación ISEAK que, a su vez, ha trabajado de forma conjunta con AFI, Ivie y KSNET en el marco de la Red por las buenas prácticas en evaluación, Redev. Este trabajo se convierte, por tanto, en una de las primeras colaboraciones de las cuatro instituciones a través de la iniciativa Redev, cuyo objetivo es el impulso de la evaluación de políticas.
Del estudio presentado hoy se desprende que las políticas de formación analizadas tienen un impacto positivo pero modesto en la empleabilidad, que se potencia cuando se acompañan de acciones de orientación e inserción. Para mejorar la eficacia de la gestión, el documento recomienda avanzar hacia un modelo de prestación de servicios más flexible, que permita ofrecer una atención integral a los usuarios mejorando la coordinación entre programas, e incorporar personal propio para reforzar la orientación y el acompañamiento a los desempleados. Además, propone a la Junta de Castilla y León que aumente los recursos técnicos y humanos dedicados a la planificación, seguimiento y evaluación de los resultados de los programas, idealmente mediante la creación de una unidad interna en el seno del ECYL.
Los dos primeros programas analizados en este estudio son los principales en materia de formación para desempleados de la comunidad: Formación para Desempleados (FOD) e Itinerarios de Orientación, Formación e Inserción (OFI). Los otros dos, el programa de Contratación de Desempleados de la Minería por Entidades Locales (ELMIN) y el de Contratación por Instituciones sin Ánimo de Lucro (PRORGAN), son programas de una dimensión más reducida que se enmarcan en el ámbito de las políticas de creación directa de empleo.
Todos ellos se financian a través de subvenciones y su presupuesto conjunto asciende a unos 40,5 millones de euros, aproximadamente una cuarta parte del gasto en políticas activas de empleo en Castilla y León, articuladas mediante más de 60 programas.
Esta evaluación ha identificado que los programas de formación analizados incrementan la empleabilidad de sus participantes entre 5 y 10 puntos porcentuales, pero los efectos se diluyen en el medio plazo y dependen de la familia formativa. Además, el análisis encuentra que los efectos anteriores aumentan entre 10 y 15 puntos porcentuales en el corto plazo cuando los cursos se acompañan de acciones de orientación e inserción, aunque no se reflejan mejoras en la calidad del empleo. Por otro lado, constata que la contratación directa de desempleados de la minería no tiene beneficios sobre la empleabilidad posterior de las personas contratadas.
De forma adicional, el estudio identifica una escasa orientación de las políticas a resultados, una ausencia de diagnóstico y tratamiento individualizado y una importante falta de recursos para llevar a cabo el seguimiento y evaluación sistemáticos de los resultados de los programas, a pesar del elevado volumen de información del que dispone el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECYL). La AIReF detecta que el modelo de gestión conlleva una alta carga administrativa que conduce a programas generalistas fragmentados según la fuente de financiación, lo que origina solapamientos de programas entre los que se aprecia muy poca coordinación.
Para superar estas limitaciones, el estudio apunta a que se ha de realizar un esfuerzo en dos niveles. Por un lado, es necesario que el Gobierno central aborde las pertinentes reformas estructurales, al tiempo que se simplifican los procedimientos, se potencian las capacidades de orientación e intermediación de los servicios públicos de empleo y se desarrollan herramientas de diagnóstico avanzadas. Por otro, se propone a la Junta de Castilla y León que aumente los recursos técnicos y humanos dedicados a la planificación, seguimiento y evaluación de los programas, especialmente con la creación de una unidad interna de seguimiento, con independencia de las evaluaciones ex-post y de medio plazo realizadas por instituciones independientes. Esta unidad debe sustentar su trabajo en explotar el elevado volumen de información al que tiene acceso el ECYL para establecer objetivos medibles y construir un sistema de seguimiento y evaluación estructurado y orientado al análisis de resultados.
